Los cambios en la legislación laboral “no afectan” los derechos fundamentales, asegura el ministro

El ministro de Trabajo aseguró este jueves que los cambios que quiere implementar el Gobierno respecto a la posibilidad de comprar días extras de vacaciones, así como respecto a los servicios mínimos durante las huelgas, "no afectan en modo alguno" a los derechos fundamentales asociados, el derecho a vacaciones y el derecho a huelga, respectivamente.

Una garantía hecha por Maria do Rosário Palma Ramalho en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros en el que el Gobierno aprobó el proyecto de reforma de la legislación laboral, que contempla 30 temas clave, pero que la ministra no quiso detallar antes de presentarlos a los interlocutores sociales en consulta social esta tarde.

El responsable de la supervisión sostuvo que el anteproyecto de ley, por un lado, "flexibiliza regímenes laborales muy rígidos para aumentar la competitividad de la economía y fomentar la productividad de las empresas", "valora a los trabajadores por el mérito", "estimula el empleo, especialmente entre los jóvenes, y la capacidad de retención del talento" y pretende "impulsar fuertemente la negociación colectiva y la contratación colectiva".

Por otra parte, garantiza servicios mínimos durante las huelgas en sectores esenciales. «Servicios mínimos que, sin dejar de ser mínimos, deben ser naturalmente eficaces para que, respetando plenamente el derecho de huelga, también respeten otros intereses igualmente fundamentales», afirmó el ministro.

También explicó que los cambios son resultado de un diagnóstico que concluyó que «en el siglo XXI, aún tenemos un sistema excesivamente rígido», anclado en un modelo de relaciones laborales muy tradicional, incompatible con el trabajo del siglo XXI en la era digital. Esta rigidez, argumentó la ministra, constituye en sí misma un obstáculo para la competitividad y la productividad de las empresas.

El ministro destaca que el proyecto recién aprobado se ajusta al acuerdo tripartito sobre la apreciación salarial y el crecimiento económico 2025-2028, firmado el 1 de octubre de 2024, y señala que están en juego 30 cuestiones clave, entre ellas la transposición de dos directivas europeas sobre salarios mínimos adecuados en la UE y las condiciones laborales en las plataformas digitales. El objetivo también es modernizar el Código Laboral, considerando más de cien artículos, y se revisarán nueve instrumentos jurídicos complementarios.

El proyecto de ley, enfatizó el ministro, es un "punto de partida para la negociación", "una negociación que este Gobierno, como el anterior, prioriza fuertemente que se lleve a cabo con los agentes sociales y a través de la concertación social".

Entre los diversos temas sobre la mesa en el diálogo social está la posibilidad de que los trabajadores puedan ‘comprar’ días extras de vacaciones, con pérdida de salario, pero sin comprometer otros beneficios.

Las centrales patronales coinciden con la idea básica y definen las condiciones para que la propuesta se afiance. Los sindicatos esperan el contenido de la medida, pero advierten de la imposibilidad legal y la "grave desigualdad" si la idea avanza, tal como la describe el ejecutivo en su programa. También se están considerando los servicios mínimos y el fin de las restricciones a la subcontratación.

También sufrirán modificaciones el fin de las restricciones a la externalización durante un año tras el despido de los trabajadores, así como la definición de un porcentaje mínimo fijo de servicios mínimos, así como la regulación del teletrabajo.